Así lo informó el subdirector de Capital Humano y Social – CHS Alternativo, Alberto Arenas Cornejo, quien precisara que de este total, el 49% de las víctimas son menores de edad, cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años, mientras que el 51% son mujeres adultas, captadas en su mayoría, con falsas ofertas de empleo. En los tres primeros lugares a nivel país se encuentran Loreto, Cusco y Madre de Dios.
Es más, el especialista remarcó que mayormente son mujeres las afectadas con estas situaciones, pues el fin es explotarlas sexualmente, ejemplificando incluso que se ha llegado a encontrar muchachas que son prostituidas y que entregan diariamente a sus proxenetas un promedio de 700 soles por el trabajo cumplido a disgusto.
Es importante hacer referencia que a nivel nacional el número de casos registrados en la Reta de la Policía Nacional del Perú, advierte sobre 362, con un total de víctimas de 920, mientras que a nivel del Ministerio Público se consigna otros 330 casos.
Arenas Cornejo recordó que la trata de personas es conocida en los tiempos actuales como la “esclavitud del siglo XXI”, debido a que las personas, especialmente mujeres y niños, son captados con engaños y privados de su libertad para ser explotados sexual y laboralmente, o para mendigar, vender a los pequeños o comercializar con órganos.
Es de acotar que el CHS Alternativo, desarrolló recientemente un estudio denominado “La Percepción de la Trata de Personas en el Perú”, en donde se determinó que el 81% de la población desconoce sobre este problema social que va en aumento en el país, siendo mayormente los jóvenes quienes no tienen referencias de ello, mientras que un 19% tendría algunas nociones del mismo.
Adicionalmente se ha podido establecer que las provincias en donde se habrían presentado el mayor número de casos o que son propensos a esta actividad ilícita son Arequipa y Caravelí, mientras que en menor escala se encuentran Camaná, Castilla e Islay, en tanto que en Castilla y La Unión, la incidencia es mínima.
Otro aspecto que también es denotado, es el hecho que el 74% de los encuestados advierten que la labor de los organismos públicos contra la trata de personas es insuficiente, otro 23% dicen que no actúan y un 2% que su obrar es mínimo para la magnitud que revierte este problema.
Finalmente, hay que hacer precisar que hechos como las condiciones socioeconómicas, problemas con la familia, violencia, bajo nivel educativo, falta de información y desempleo, podrían conllevar a que las personas sean víctimas de estos actos contra su libertad, advirtiendo en tal sentido que de apreciarse una situación de éstas en donde algún joven o mujer haya sido sacado de su hogar con engaños y llevado para cumplir labores no adecuadas para su edad y su integridad, se debe denunciar para ponerle coto. Este delito se sanciona con penas privativas de la libertad que van desde los ocho hasta los 25 años.
