Según refieren, existen vicios del acto administrativo insubsanable, acarreando con ello la nulidad de todo lo actuado no sólo por intentar instalarse en alrededores de terrenos de cultivo, sino también la tasación de terrenos y al uso de agua subterránea otorgada por la Autoridad Nacional del Agua.
Asimismo, la cuestionada cementera ha intentado comprar parcelas de cultivo para utilizar justamente el agua de estas parcelas, por lo que consideran una irregularidad grave que debe ser investigado.
Ante este comunicado, el presidente del Consejo Regional, Henry Ibañez, dijo que ha sido alertado sobre las pugnas en torno a esta inversión que está siendo cuestionada y que obviamente existen intereses económicos para que tampoco se instale por la competencia. Es así, que ha solicitado a la Oficina de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) el expediente completo de la solicitud y conocer en qué estado se encuentran las autorizaciones. Así también, los cuestionamientos.
Consideró que la inversión privada es importante, pero debe ser respetándose el derecho de los demás, pues esto puede generar mayor enfrentamiento, como el ocurrido en Cocachacra por Tía María.
Asimismo, solicitará al Consejo de Coordinación Regional la aprobación del proyecto, pues también se cuestiona su aprobación sin tomar en cuenta las observaciones ante la Contraloría General de la República a la que también se le está pidiendo información de las investigaciones.
Las comisiones de Planeamiento y de Desarrollo Social serán las encargadas de realizar las indagaciones de este caso.
Fuente: El Pueblo
