La Comisión de Fiscalización y Contraloría, con la presidencia del congresista Martín Belaunde Moreyra (SN), aprobó, por mayoría, solicitar al Pleno facultades de comisión investigadora, a fin de indagar las supuestas inmoralidades financieras y administrativas que superan los 50 millones de soles en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
Esta decisión la adoptó después de escuchar las graves denuncias hechas por la congresista Esther Saavedra Vela (NGP) en presencia del superintendente nacional de Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, quien solo atinó a manifestar que se realizará una exhaustiva investigación en torno a las denuncias presentadas por los representantes. Fue durante la sesión que se realizó en la Sala Raúl Porras Barrenechea.
La representante nacionalista manifestó que las inmoralidades se cometen en las 13 zonales que tiene la SUNARP a nivel nacional, entre ellas la de Moyabamba, Chiclayo, Huancayo, Lima y otras localidades, donde se habría hecho manejos ilegales de supuestas obras y contratos publicitarios por montos que sobrepasan los 26 millones de dólares, y sin la licitación correspondiente.
Saavedra también denunció que centenares de personas, sin los requisitos previos establecidos en el concurso público para ocupar determinados puestos de trabajo, han ingresado ilegalmente en la competencia de méritos realizados en el 2009, lo que motivó la incompetencia en la atención a la ciudadanía.
“Estas inmoralidades se vienen cometiendo desde el gobierno anterior, sin que las autoridades del Poder Ejecutivo pongan coto a estas irregularidades”, expresó.
Yonhy Lescano (AP) manifestó que el actual superintendente y su gerente general no solamente han hecho ingresar ilegalmente a personas incompetentes, sino a centenares de trabajadores que laboran en el denominado plazo indeterminado (planilla), lo cual es totalmente cuestionable desde todo punto de vista.
Víctor García Belaunde (AP) expresó su sorpresa porque el superintendente Scheelje se encuentra presente en la sesión y señaló que debería estar en otro lugar judicial o policial, de acuerdo a las denuncias que se hizo llegar a los miembros de la comisión. Dijo que, de acuerdo a la gravedad de las denuncias, el señor Scheelje no puede estar un minuto más en el cargo. “Que venga un patrullero y que se lo lleve”, expresó el representante que calificó de “corcho flotante que va de gobierno a gobierno”.
Virgilio Becerril Rodríguez (GPF) destacó la valentía de la congresista Saavedra al denunciar que estas inmoralidades se están cometiendo también durante el presente régimen de su partido.
Ana Jara Velásquez (NGP) dijo que en los medios de comunicación de hoy aparecen comunicados de los trabajadores de diferentes zonales de la SUNARP protestando por las irregularidades cometidas en el concurso público de méritos realizado en el 2009.
Justiniano Apaza Ordóñez (NGP) manifestó que, de acuerdo a las pruebas que se encuentra en el expediente que se ha entregado a los congresistas, la comisión debería solicitar al Pleno facultades para investigar el caso, lo cual también fue compartido por Teófilo Gamarra (NGP), quien pidió que se sometiera al voto el pedido planteado.
En respuesta a las observaciones, Scheelje aseguró que se llevará adelante una severa investigación en torno a las irregularidades denunciadas.
En la sesión, Martín Belaunde informó detalladamente sobre la inspección que hizo al Estado Monumental. También se escuchó al alcalde de Cachachi, Fredy Marquina, quien aseguró que ya hay evidencias de que los tres niños de Redondo murieron por envenenamiento y no por intoxicación. También informó que los productos de apoyo social son recepcionados y distribuidos por personal del PRONAA, donde el pueblo no mete las manos para nada.
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